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Instará al Ejecutivo a que reclamen la inmediata suspensión y posterior nulidad de la resolución

El dictamen que el Consejo de Estado entregará hoy al Gobierno le insta a la inmediata impugnación ante el Tribunal Constitucional de la moción secesionista aprobada por el Parlamento de Cataluña y a reclamar primero su suspensión cautelar y después su nulidad por considerar que viola abiertamente al menos cuatro artículos esenciales de la Carta Magna, así como otros del propio estatuto de autonomía catalán, entre ellos el que dice que ejerce su autogobierno constituido de acuerdo a la Constitución y el que complementa que los poderes de la Generalitat se ejercen de acuerdo al texto autonómico y la Carta Magna. El órgano asesor del Estado no tiene duda alguna sobre que no se haya ante un documento inocuo, por meramente político, sino que considera, muy al contrario, que despliega claros efectos jurídicos.

Entre los ataques fundamentales a la Constitución están la vulneración evidente de apartados del texto con la máxima protección del Estado como los que proclaman que la soberanía nacional reside en el pueblo español, la indisoluble unidad de la nación, la sujeción de todos los poderes públicos a la ley, y la vulneración del mecanismo establecido y reglado para la reforma de la Constitución.

Son, de hecho, los mismos argumentos centrales en que se basará el recurso que el Ejecutivo ya tiene prácticamente redactado y que presentara el miércoles la Abogacía del Estado para paralizar la resolución secesionista. Estas alegaciones formarán también con toda seguridad el corazón de la futura sentencia del Constitucional que anule definitivamente la moción, y que en fuentes del tribunal ya se especula con que tendrá un respaldo unánime. Son violaciones que ya se constataron en 2014 en la sentencia que liquidó por abiertamente ilegal la «declaración de soberanía» del Parlament de un año antes, un texto con un contenido mucho menos rupturista que el actual.