De Valdemoro (2,6€) a Alcorcón (104€): el calvario de reclamar un accidente en Madrid
- 27/03/2017
- admin
- No comments
Pilar Abril, 50 años, auxiliar administrativo de una universidad madrileña. El 9 de octubre, domingo, espera dentro de su Ford Focus a que el semáforo se ponga verde en la calle Rafael Ibarra, en el barrio de Orcasitas. De repente, un vehículo, conducido por un hombre de 87 años, no frena a tiempo y la embiste por detrás. Comienza su odisea. El Samur la atiende. En principio, nada grave. Pero por la noche empieza a encontrarse peor: dolor de cabeza, mareos, molestias en el cuello y la espalda. Acude al hospital, donde el parte médico es claro: sufre un esguince cervical. Necesita analgésicos y rehabilitación.
Su coche debe ir al taller. El seguro del vehículo que la ha golpeado debe pagar la reparación. En torno a 1.500 euros de chapa y pintura de la parte trasera. Pero hay un problema. Pilar deja su coche en un taller y días después aparece en otro, del mismo dueño. Y aunque han reparado los golpes, no arranca. Algo falla en el motor. Ningún seguro (ni el suyo ni el del otro conductor) se hace cargo y Pilar, que ya no se fía, se lo lleva a un mecánico de confianza. La broma le cuesta cerca de 1.000 euros, que paga de su bolsillo. «Qué casualidad que el coche estaba bien antes del accidente, y luego no», señala Pilar.
Atropellada en un paso de cebra, en coma, y a la espera de que el seguro coja el teléfono
DAVID FERNÁNDEZ
Nory Pineda, hondureña de 30 años, fue arrollada el 14 de septiembre. En coma y sin visos de recuperación, sus abogados denuncian que la aseguradora del conductor se desentiende
Ella debe empezar el tratamiento. Su aseguradora elige el traumatólogo, ya que el convenio que la Seguridad Social firmó con Unespa (la patronal del sector) regula que los tratamientos médicos serán asumidos por las compañías de los vehículos implicados en un accidente con lesiones. En principio debe recibir 10 sesiones, pero Pilar se enfada con el fisio porque le pilla jugando con el móvil mientras le da el masaje con una sola mano. «Una chapuza». El seguro la cambia de clínica. Al final, recibe 30 sesiones y la baja médica se prolonga durante 60 días.
Llega el turno de la indemnización. La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, cambió el baremo de compensaciones. Desde el 1 de enero de 2016, los accidentes graves se pagan mejor, pero no así los leves. Por ejemplo, con el antiguo baremo, el día de baja laboral se abonaba a 58,41 euros; con el nuevo, a 52 euros. El día no impeditivo (de tratamiento médico pero no de baja) se reduce de 31,34 a 30 euros. Pilar ha tenido que contratar a un abogado, que pagará también de su bolsillo, «porque el seguro me quiere regatear los días que he estado de baja. Me corresponderían unos 3.500 euros y me quieren pagar 2.400». Su letrado tiene que presentar a la aseguradora una oferta económica motivada y necesita una copia del atestado policial de su accidente. También debe pagar por ella. La tasa, en la ciudad de Madrid, es de 25,6 euros. Otro gasto más que antes era gratuito.
Por eso, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava) ha presentado al Ayuntamiento de Madrid y al Defensor del Pueblo un escrito de queja por la tasa que obliga a pagar a una víctima con lesiones cada vez que necesita una copia del atestado levantado por la Policía Municipal. Una tasa «abusiva, inapropiada e indebida, un perjuicio para la parte más débil de los siniestros, que con la petición de la copia del atestado solo persigue conocer los datos de su accidente e iniciar los trámites para reclamar una indemnización».
Y es que todo ha cambiado desde julio de 2015, tras la reforma del Código Penal. La Ley Orgánica 1/2015 despenaliza los accidentes de tráfico, obligando a las víctimas a demandar a las aseguradoras por la vía civil, que tiene unos gastos, frente al sistema anterior, que era por la vía penal y gratuito. «Es decir, hasta julio de 2015 todos los accidentes de tráfico podían ir por la vía penal, sin costes para la víctima. El informe del forense que veía al accidentado era gratuito. Incluso este podía asistir al juicio sin abogado, y si al final lo perdía no había costas. Hoy, las faltas y todos los procedimientos que no son considerados delitos leves [la gran mayoría, como el accidente de Pilar] están despenalizados y por tanto suman nuevos gastos para el accidentado. Eso también incluye la copia del atestado policial, que antes se enviaba gratuitamente y de oficio a todos los juzgados. Ahora ya no», explica Manuel Castellanos, abogado y presidente de Anava.
Coste del atestado en los 20 municipios más poblados de Madrid
Madrid: 25,6 euros; Móstoles: 55 euros; Alcalá de Henares: 50 euros; Fuenlabrada: 46,89 euros; Leganés: 41,8 euros; Getafe: 50 euros; Alcorcón: entre 47,5 y 104,6 euros; Torrejón de Ardoz: 68 euros; Parla: 7,41 euros; Alcobendas: 21 euros; Coslada: 30 euros para conductores, 50 para aseguradoras; Las Rozas: 30 euros para conductores, 300 para seguros; Pozuelo de Alarcón: 50 euros; San Sebastián de los Reyes: 60 euros; Rivas Vaciamadrid: 8 euros; Majadahonda: 6 euros para jubilados, 32 para el resto de conductores y 364 euros para aseguradoras; Valdemoro: entre 2,6 y 25 euros; Collado Villalba: 38 euros; Aranjuez: 77,95 euros; Arganda del Rey: 65 euros.
Los 20 municipios más poblados de Madrid tienen tasas que gravan la emisión de copias de documentos administrativos, entre ellos las copias de los atestados que hacen sus policías locales cuando hay un accidente. En Madrid capital, esa tasa es de 25,6 euros. En el resto de localidades varía entre los 2,6 euros que cobra Valdemoro por el atestado más simple (sube a 25 euros si el informe policial es más detallado) a los 104,6 euros de Alcorcón por el atestado más descriptivo (hay otro más barato por 47,5 euros). Las Rozas y Majadahonda (ver tabla) distinguen entre conductor y aseguradora. Si quien solicita la copia es un vecino, Majadahonda cobra 32 euros (seis euros si está jubilado), tasa que sube a 364 euros si la petición es de una aseguradora. Las Rozas cobra 30 euros a los vecinos y 300 a los seguros. El resto de municipios tiene una tasa única. Anava asegura que enviará el mismo escrito de queja a muchas de estas localidades. La Guardia Civil no cobra tasa.
Por qué hay tantos accidentes en la M-851, la carretera de Majadahonda
PABLO GABILONDO
«Es una vía estrecha que no tiene arcenes y en estos momentos el estado de conservación no es el más adecuado», explica el presidente de Automovilistas Europeos Asociados
«No comprende esta asociación cómo una corporación municipal como esta, que presume de defender y proteger a sus ciudadanos, quiere obtener un lucro por la obtención de un documento derivado de un servicio policial que ya se ha pagado vía impuestos, constituyendo un verdadero caso de doble tributación, sobre todo habida cuenta de que lo que se entrega a la víctima no es el atestado completo, que sería lo deseable, sino un sucinto resumen, como mucho de una o dos hojas», reza el escrito de Anava enviado al Ayuntamiento de Madrid.
Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes, está de acuerdo con la iniciativa de Anava. «Con la reforma del Código Penal, las víctimas hemos salido perjudicadas, y encima con los costes añadidos que ahora supone esta reforma. Ya nos hemos reunido con los miembros de la comisión de Seguridad vial del Congreso para intentar modificar de nuevo el Código Penal y que las víctimas no tengan que pagar. También nos queremos reunir con Justicia, con Fomento y con Educación porque queremos que la educación vial se imparta en los colegios». En 2015 (últimos datos) hubo en la comunidad de Madrid 63.645 siniestros con lesiones (174 diarios) y 296.000 partes con daños en los vehículos.
Rafael Catalá con representantes de Unespa en la presentación del baremo de valoración en accidentes. (EFE)
Rafael Catalá con representantes de Unespa en la presentación del baremo de valoración en accidentes. (EFE)
Jurisdicción civil: todo tiene un coste
Los nuevos costes (notario, procurador, perito de parte, abogado, el riesgo de condena en costas, atestado policial) que ha traído el cambio normativo hace que cada vez más accidentados (los que tienen un siniestro leve con lesiones) desistan de pleitar para poder recibir una compensación por parte de la aseguradora. «Los seguros también solicitan copia de los atestados, pero se niegan, con recalcitrante tozudez y entendemos de mala fe, a entregarlos a las víctimas, en un intento de dificultar la reclamación indemnizatoria, y así empujar a la víctima a que no reclame o a que acepte las irrisorias ofertas indemnizatorias», asegura Manuel Castellanos. En lo referente al nuevo baremo, «este pretendía favorecer los acuerdos amistosos, pero las aseguradoras, aprovechándose de los costes judiciales que conlleva la demanda judicial, están fomentando justamente lo contrario. Los acuerdos extrajudiciales han bajado, y los que se cierran son por sumas irrisorias, pues la víctima desiste de invertir en gastos para demandar», concluye Castellanos.
La asociación Anava asegura que ya ha detectado en 2016 (el primer año con el nuevo baremo) un descenso en las compensaciones que se ofrecen a quienes han sufrido una lesión de poca gravedad, que cifran en un 40% menos respecto a 2015. Todavía habrá que esperar para conocer los datos oficiales. Los últimos son de 2014. Ese año, las compañías de seguros españolas pagaron 169 millones a la sanidad pública (18,3 millones de euros en Madrid) para cubrir los gastos sanitarios provocados tras un accidente de tráfico. El 53% de las víctimas son conductores, un 35,6% ocupantes, y más de un 11%, peatones.
Más controles y policías: lo que quieren los españoles para evitar accidentes de tráfico
EL CONFIDENCIAL
Estos son los datos que se desprenden del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de mayo, con un 28 por ciento
Un portavoz de Unespa no comparte los datos de Anava, que no son oficiales. «Con el anterior baremo había un 90% de acuerdos amistosos entre las aseguradoras y los accidentados, y ahora ha bajado al 80% porque el nuevo baremo está en proceso de acoplamiento, de rodaje, no porque haya más conflictividad. La mayoría de los siniestros se siguen resolviendo por la vía amistosa, que sigue siendo un porcentaje muy elevado». Otro trámite que ha cambiado y que está complicando las reclamaciones de los afectados, si quieren percibir una indemnización, es la obligación que tienen de presentar una «reclamación de oferta motivada» a la aseguradora, que incluye los partes médicos, justificantes de las facturas del arreglo del vehículo, un informe pericial privado y una copia del atestado policial. Los seguros tienen tres meses para responder.
Para paliar los gastos que debe asumir la víctima, la reclamación de Anava al Ayuntamiento de Madrid y al Defensor del Pueblo pide que se exonere de la tasa del atestado policial «a las víctimas que acrediten su condición de lesionados con los correspondientes partes facultativos». O en su caso, «que se habilite algún mecanismo telemático para que los abogados de las víctimas, previa autorización de las mismas, puedan consultar gratuitamente el atestado policial».
Escribe un comentario